Solicitar antecedentes penales es una práctica común en los procesos de contratación para evaluar la idoneidad de los candidatos. Sin embargo, es fundamental entender las normativas legales que regulan esta solicitud en México para evitar conflictos legales y proteger los derechos de los postulantes.
En este artículo, exploraremos si es legal solicitar antecedentes penales en México, las regulaciones aplicables y las mejores prácticas para realizar este proceso de manera ética y conforme a la ley.
En México, la solicitud de antecedentes penales es legal, pero debe cumplir con ciertas regulaciones para garantizar que no se vulneren los derechos de los candidatos. Las normativas principales incluyen:
El Artículo 1° establece el principio de no discriminación. Esto significa que no se puede descartar a un candidato únicamente por tener antecedentes penales, salvo que estos estén directamente relacionados con las responsabilidades del puesto.
El Artículo 133 de esta ley prohíbe actos de discriminación durante el proceso de contratación. Sin embargo, permite la solicitud de antecedentes penales si es relevante para el desempeño del puesto.
La LFPDPPP regula el tratamiento de datos personales, incluyendo los antecedentes penales. Según esta ley, el empleador debe:
Es legal solicitar antecedentes penales en México cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Un banco solicita antecedentes penales para un puesto de cajero. En este caso, es legal porque el manejo de dinero y la confianza son esenciales para el desempeño del cargo. El banco debe informar al candidato y obtener su consentimiento.
Una empresa solicita antecedentes penales para un vendedor. Si el cargo no involucra riesgos como acceso a información confidencial o manejo de fondos, solicitar antecedentes podría considerarse discriminatorio.
Solicitar antecedentes penales sin cumplir con las normativas legales puede acarrear consecuencias como:
Solicitar antecedentes penales en México es legal siempre que se realice dentro del marco normativo y con el consentimiento informado del candidato. Este proceso no solo protege a la empresa, sino que también garantiza la transparencia y el respeto hacia los derechos del postulante.
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